Participación privada con condiciones

Aunque expresó su apoyo a proyectos municipales que contemplan la posibilidad de que productores agropecuarios y empresas privadas se organicen para financiar y ejecutar el mantenimiento de caminos rurales, el Colegio de Ingenieros bonaerense advirtió que ese nuevo esquema“solo puede desarrollarse si se cuenta con proyectos elaborados y dirigidos por profesionales ingenieros matriculados en la Provincia”, para evitar problemas de manejos hídricos, ambientales y estructurales.

El debate se abrió a partir de la aparición de distintas iniciativas en municipios bonaerenses -Nueve de Julio, Cañuelas y Azul, entre otros- para avanzar con tareas de mantenimiento y mejora de la red vial rural.

El Presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge Castellano, sostuvo que la participación del sector privado para financiar infraestructura puede ser una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, pero remarcó que «el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico».

«Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente», explicó.

Uno de los principales puntos de preocupación del Colegio pasa por las consecuencias que puede generar una intervención incorrecta sobre un camino rural. Modificar cunetas, alterar pendientes, modificar perfiles o cambiar el escurrimiento natural del agua puede afectar no solamente al establecimiento donde se realiza la obra, sino también a campos vecinos ubicados aguas arriba o aguas abajo.

Según explicó Castellano, la construcción o el mantenimiento de un camino rural requiere analizar previamente el funcionamiento de las cuencas hídricas, la ubicación de alcantarillas, los cruces de cursos de agua, las características del suelo y el nivel de exigencia que tendrá cada traza: «No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría», afirmó.

Desde el Colegio también recordaron que la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un marco normativo que regula este tipo de obras, independientemente de quién aporte el financiamiento.

Castellano mencionó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar los estudios previos, presentar los proyectos correspondientes, contar con la dirección de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones técnicas y administrativas antes del inicio de cualquier intervención.

En ese sentido, advirtió que el hecho de que una cooperativa de productores o un consorcio rural financie una obra no elimina las obligaciones legales que deben cumplir tanto los propietarios, como los ejecutores y las autoridades estatales.

Para el titular del Colegio la participación de los productores será una herramienta útil para ampliar la inversión en infraestructura, si las autoridades de aplicación, que son los municipios, exigen en la totalidad del proceso la presencia de profesionales de la Ingeniería que puedan velar por el cumplimiento de la normativa, garantizando que las obras sean proyectadas y ejecutadas de manera competente.