La justicia es una institución viva que se nutre de la memoria colectiva

Hace 141 años, cuando don Fabio Dozo asumió el Juzgado de Paz de Trenque Lauquen en septiembre de 1885, no solo se ocupó un asiento vacío: el Estado recuperó en ese territorio la administración de la Justicia tras la retirada de las tropas. Aquel gesto administrativo inauguró una nueva etapa en la que la actividad judicial dejó de ser mera órbita administrativa para convertirse en un pilar del orden social.

El juez, a través de actos en procesos de cognición, comenzó a declarar la conformidad o disconformidad de pretensiones al derecho objetivo, con la fuerza del Estado disponible para garantizar el cumplimiento cuando fuera preciso. Esa dupla —razón jurídica y sustento coactivo legítimo— define hasta hoy la esencia del poder judicial.

El crecimiento institucional que siguió a esa recuperación temprana muestra la evolución de una comunidad que fue ganando complejidad y derechos. A mediados del siglo XX la creación del Tribunal de Trabajo ampliaría la tutela judicial sobre las relaciones laborales; en 1968, la constitución del Departamento Judicial Trenque Lauquen consolidó la localización de las distintas especialidades de la justicia ordinaria bonaerense. Lo que en un momento fue una oficina de paz, con el tiempo se transformó en un entramado institucional capaz de atender las demandas de una sociedad plural y en transformación.

Pero la historia formal no agota el sentido de la justicia. Su verdadero valor está en garantizar el Estado de Derecho: proteger derechos fundamentales, asegurar la igualdad ante la ley y ofrecer un contrapeso independiente frente a los abusos del poder. Cuando la justicia funciona con independencia y eficacia, limita arbitrariedades, resuelve conflictos con imparcialidad y preserva la integridad de la Constitución. Es la institución que traduce normas en efectos sociales concretos, mediante decisiones que impactan la vida cotidiana de las personas y la estabilidad de las instituciones.

Para que ese ideal se materialice son necesarias condiciones que van más allá de la letra de la ley. La independencia judicial debe ir acompañada de transparencia, mecanismos de control ético, formación continua de magistrados y funcionarios, y recursos adecuados para garantizar un acceso real a la justicia. La brecha entre el principio constitucional y la práctica cotidiana se cierra con políticas públicas que prioricen la modernización judicial, la celeridad procesal y la digitalización de trámites sin perder de vista la tutela personalizada de quienes carecen de recursos.

También resulta imperativo atender desafíos contemporáneos: la corrupción, la politización de los nombramientos, la demora procesal y la desigualdad en el acceso —particularmente para sectores vulnerables— minan la confianza ciudadana. La reparación de esas fallas exige voluntad política, participación ciudadana y una judicatura comprometida con la ética pública. La independencia no puede confundirse con aislamiento; una justicia legítima es a la vez autónoma y responsable ante la sociedad.

Finalmente, la justicia es una institución viva que se nutre de la memoria colectiva y mira hacia el futuro. La trayectoria de Trenque Lauquen, desde el Juzgado de Paz hasta el Departamento Judicial, es una pequeña historia ejemplar de cómo las instituciones se construyen, se consolidan y deben renovarse. Proteger el Estado de Derecho es, hoy como ayer, una responsabilidad compartida: jueces, abogados, funcionarios y ciudadanos deben trabajar unidos para que la balanza de la justicia no solo exista en el papel, sino pese en la realidad.

(*) Presidente del Colegio de Abogados del Depto. Judicial Trenque Lauquen