Casas abandonadas: candados y silencios

No es solo una cuestión estética. Los inmuebles que permanecen cerrados durante años generan un impacto directo en el funcionamiento de la ciudad. Restan seguridad, valor y oportunidades y se convierten en daños en el tejido urbano.

En Trenque Lauquen, como en muchas ciudades, el fenómeno es visible, aunque no hay datos precisos. Propiedades ubicadas en zonas estratégicas, a pocas cuadras de la plaza, que no cumplen ninguna función. No producen vivienda ni actividad y permanecen cerradas mientras la ciudad demanda suelo, servicios y espacios habitables. El problema, entonces, deja de ser privado para volverse urbano y social. Cuando estas situaciones se multiplican aparecen los llamados “puntos muertos”, cuadras sin movimiento, veredas vacías y entornos que pierden vitalidad.

— Herramientas que ya existen

A diferencia de lo que suele creerse, cuando se sostiene que se trata de conflictos exclusivamente privados y que nada puede hacerse, el marco legal vigente ofrece instrumentos concretos para intervenir.

El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial habilita a los municipios a regular el uso y la seguridad de los inmuebles. Entre esas facultades se incluyen las intimaciones a los propietarios para su mantenimiento y la reducción de riesgos. En la misma línea, la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat consagra la función social de la propiedad y habilita políticas públicas destinadas a desalentar la retención especulativa del suelo y promover su uso efectivo.

Cuando el deterioro representa un peligro, el municipio puede ordenar e incluso ejecutar la demolición de construcciones en ruina. Para situaciones extremas, la legislación prevé la expropiación, regulada por la Ley 5.708, como recurso excepcional del Estado aunque no opera de manera automática. Requiere la decisión de los legisladores municipales y provinciales, la declaración de utilidad pública y la correspondiente indemnización. Está prevista para los casos en los que un inmueble bloquea obras o proyectos de interés colectivo.

La Constitución Nacional y la Constitución provincial respaldan este enfoque. La propiedad privada está garantizada, pero subordinada al interés público.

— Un antecedente local

Trenque Lauquen tiene un precedente que demuestra que la inmovilidad no es inevitable. El ex frigorífico Indio Pampa fue durante años un inmueble abandonado con impacto ambiental y urbano. Su resolución no fue inmediata ni total, pero mostró que, cuando hay decisión política y algún grado de articulación público-privada, es posible destrabar situaciones enquistadas. Ese antecedente vuelve inevitable la comparación con otros edificios que continúan congelados en la agenda pública.

— La pregunta que queda

Si las herramientas existen y hay antecedentes, la pregunta ya no es qué se puede hacer, sino por qué no se hace. Cuánto tiempo puede una ciudad convivir con inmuebles estratégicos fuera de toda decisión.

El llamado, por eso, es amplio y concreto.

A los propietarios, para que asuman que la inacción tiene consecuencias urbanas.

Al Municipio, para que use de manera sistemática las herramientas que la ley le otorga.

A los capitales privados, para que sean parte de soluciones con reglas claras.

A los vecinos, para que el reclamo sea organizado y sostenido.

A los entes colegiados y profesionales, para que activen su rol como mediadores y facilitadores.

Se trata de activar las decisiones para evitar que la ciudad quede rehén de los candados. Porque cuando un inmueble permanece cerrado durante años, la inacción de uno termina siendo el problema de todos.